El proceso federativo

Este conjunto de instituciones autónomas calcadas sobre las facultades del hombre, cimentadas en una fé común y aglutinadas por la Monarquía, constituye propiamente lo que podríamos llamar el régimen tradicional, que se desarrolló a lo largo de los siglos en la Edad Media y Moderna en los pueblos cristianos. Sin embargo, quizá en ningún lugar tuvo este proceso creador un desarrollo tan puro y característico como en España.

Sir Ernest Barker, el conocido tratadista político británico, reconoce que fue España el primer país que puso en práctica un régimen representativo. En las Cortes de Castilla y de Aragón aparecen, en efecto, las primeras representaciones colectivas de ciudades y clases. El antiguo régimen político-social de los reinos españoles fue -según Mella- la mejor realización histórica de aquella más perfecta forma de gobierno que Santo Tomás hacía consistir en una armonía de las tres formas legítimas de gobierno aristotélicas: la democracia, la aristocracia y la monarquía. "España -dice- fue una federación de repúblicas democráticas en los municipios y aristocráticas, con aristocracia social, en las regiones, levantadas sobre la monarquía natural de la familia y dirigidas por la monarquía política del Estado". Sin embargo, aún más que el institucionalismo de clases y en el régimen representativo, fue característica la historia política de España en el proceso de federación política. No puede olvidarse que en nuestra Patria, sin perjuicio de poseer un espíritu nacional que "no cabiendo en la Península hizo surgir un continente nuevo para darle albergue", fue siempre, hasta la revolución, una federación de cientos de reinos por la monarquía. Nuestro mismo escudo no es uno, sino la composición de cuatro aglutinados bajo la corona de un mismo Rey. La unidad nacional y la unidad política no surgieron en nuestra Patria por una imposición de quien pudiera hacerlo, sino que nacieron de siglos de convivencia y de lucha común y se realizaron, en general, por un lento proceso de incorporación verdaderamente político.

La no identificación entre el Estado -la monarquía- y la nación que, por virtud del institucionalismo orgánico que, hemos visto, se daba en siglos medios, hacía posible federaciones políticas -monarquías duales- sin que nadie pensase en la unión de las correspondientes nacionalidades. Y que la declaración de guerra de soberanos, por ejemplo, no impidiese la normal relación y comercio de los pueblos. Así, en nuestra alta Edad Media, pudieron confluir diversas coronas en un sólo monarca sin que pasase de un efímero y externo hecho histórico, porque la profunda y verdadera unidad espiritual no había madurado aún entre aquellos pueblos (piénsese en Sancho el Mayor de Navarra). Y, en cambio, a principios de la Edad Moderna, la unidad monárquica no era ya sólo un hecho que engendraba inmediatamente una estable y cordial unidad nacional, sino que resultaba, en cierto modo, exigida e impulsada por la misma auténtica unidad ya existente en la sociedad (piénsese en el reinado de los Reyes Católicos).

La unidad superior de los pueblos peninsulares -el hecho de que el nombre de español se hubiera convertido en poco más que una denominación geográfica en algo profundamente sentido- se había realizado como un efecto de la lucha siete veces secular contra el mundo mahometano. Y lo que en su origen fue efecto, producto realísimo de la historia y de la vida, pasa a ser causa, imprimiendo un modo de ser y de agruparse a los que han constituido, en torno a esa unidad, una nacionalidad.

Así como la unidad concebida en sentido estatal moderno no tiene otra forma de verificarse que el uniformismo y la centralización, la unidad íntima nacida del sentimiento y de la Historia, puede ser compatible con un respeto absoluto a las peculiaridades, incluso políticas, de los pueblos federados. Por ello pudo decir Mella, con Pedro José Pidal, que la antigua Castilla "era una especie de confederación de repúblicas administrativas presididas por la monarquía" y que España "fue un conjunto de reinos autónomos vinculados por la fe y gobernados por la monarquía".

Pero en este caso, ¿en que para el ser y la unidad de las grandes nacionalidades que, como España, se forjaron al cabo de los siglos? Para responder a esto se encuentra implícita en la obra de Mella una teoría sobre la superposición y la evolución de los vínculos nacionales, que entraña una verdadera filosofía de la historia.

Según esta teoría, que encontramos apenas esbozada, en la naturaleza de los vínculos que determinan la existencia de un pueblo se da un progreso en el sentido de una mayor espiritualización o alejamiento del factor material, sea racial, económico o geográfico. Las nacionalidades primitivas que vienen determinadas generalmente por una estirpe familiar prolongada en sentido racial, o bien por un imperativo del suelo o del modo de vida. Más tarde, una progresiva depuración de estos vínculos va ligando pueblos de raza, medio o vida diferentes en torno a una común dignificación histórica que puede ser de diversa índole. Así, en el seno de una gran nacionalidad actual, como la española, pueden coexistir, en superposición y mutua penetración, regionalidades de carácter étnico, como la eúskara; geográfico, como la riojana; de antigua nacionalidad política, como la aragonesa, la navarra, etc..."A medida que la civilización progresa -apunta Mella- la influencia del medio y de la economía es menor, y podría formularse esta ley que toda la historia confirma: la influencia del factor físico sobre el hombre (y sobre las nacionalidades, por tanto) está en razón inversa de la civilización"

Así, en nuestra Patria, "que es un conjunto de naciones que han confundido parte de su vida en la unidad superior (más espiritual), que se llama España"14, no está constituido el vínculo nacional "por la geografía..., ni por la lengua...,ni por la raza..., ni aún por la raza histórica..", sino por "una causa espiritual, superior y directiva, que liga a los hombres por su entendimiento y voluntad, la que establece una práctica común de la vida, que después es generadora de una unidad moral que, al transmitirse de generación en generación, va siendo un efecto que se convierte en causa y que realiza esa unidad espiritual que se refleja por no citar más que este carácter- en la unidad de una historia general e independiente".

Pero este vínculo superior que hoy nos une -y que para los españoles, es de carácter predominantemente religioso, con determinaciones humanas e históricas propias- ha de ser considerado hacia atrás como un producto de la historia, y al presente, como un elemento vivo de unidad. No debe, sin embargo, proyectarse al futuro como algo sustantivado e inalterable, porque entonces se diseca la tradición que nos ha dado vida. El principio de las nacionalidades sin instancia ulterior procede cabalmente de esa confusión moderna entre el Estado y la Nación y su concepción como una única estructura superior y racional de la que reciben vida y organización las demás sociedades infrasoberanas. El proceso federativo de nuestra Edad Media cristiana y la progresiva espiritualización de los vínculos unitivos no tiene por que truncarse, máxime cuando el principio nacionalista y el punto de vista nacional conducen siempre a la guerra permanente. En los estados modernos el interés nacional y la razón de Estado han de ser, como es sabido, causa inapelable. Y en los países totalitarios se llegó a crear toda una doctrina nacional, con el dogmatismo de una religión y su correspondiente enseñanza obligatoria y reglamentada.

Pero, según la doctrina de la espiritualización y superposición de vínculos nacionales que responde a la práctica federativa de los siglos cristianos-, el proceso de integración habría de permanecer siempre abierto: al final de este proceso estaría, como vínculo de unión para todos los hombres, la unidad superior y última de la catolicidad, libre de toda modalidad humana. Y el proceso que a ello condujere habría sido, no la imposición de una parte, sino una libre integración -o federación- vista por todos los pueblos como cosa propia y que para nada mataría las anteriores estructuras nacionales. Esto es, un proceso semejante al que en España condujo a la unidad nacional. La ascensión hacia esta armoniosa meta debería, por otra parte, marchar al unísono con el progreso material que permite -y exige- el gobierno de cada vez más amplias extensiones y multitudes. Esta es la filosofía de la historia que he dicho estaba implícita en el pensamiento de Mella.

Y en lo acaecido después de truncarse el proceso medieval federativo puede verse una realización de lo que Mella llamaba ley de necesidades, que ya hemos visto: la Revolución consagró el principio de las nacionalidades cerradas, con sus construcciones racionales y definitivas de las Naciones. Pero como la necesidad de sucesiva ampliación de las sociedades políticas pertenece, en cierto modo, a la naturaleza del hombre y de la civilización, el proceso amenaza realizarse hoy, aunque por cauces bien diferentes, en las tendencias internacionalistas del socialismo.

Igualmente se encuentra una confirmación de la teoría político-social de Mella en el estado interno de las actuales nacionalidades europeas. Ese don precioso de estabilidad, que permite a los hombres ordenar su futuro y el de los suyos de acuerdo con leyes eternas, y que es el más sano fruto que debe ofrecer un régimen político, no lo ha poseído, quizá, en los últimos siglos, más que la Monarquía británica. Es frecuente entre los ingleses atribuir esta virtud a la superpuesta democracia liberal de su régimen, pero no sería difícil demostrar que no es por ella, sino más bien a pesar de ella. En los pueblos continentales puede atribuirse esa condición a la riqueza de su imperio, pero sería cuestión si esto es así o si, al contrario, procede su pujanza de su estabilidad. No es difícil, sin embargo, concluir que esa virtud nace de haberse mantenido allí la tradición, es decir, la continuidad con el antiguo régimen y, en gran parte, la estructura autonomista y orgánica. "Los británicos -dice Barker- no tienen una Constitución escrita. Su Constitución es algo que perdura en la mente de los hombres: y la parte que está escrita procede de la Carta Magna que hubo de otorgar el Rey Juan en época tan remota como el año 1215" Un origen, por tanto, esencialmente distinto del constitucionalismo racional y apriorístico de la Revolución Francesa. Así ha sido posible continuar allí hasta hoy el proceso, no sólo de incorporación de pueblos extraños -al modo de la antigua Hispanidad- en la Comunidad Británica de Naciones, sino de pacífica asimilación de concepciones políticas modernas, como el liberalismo, y, aún hoy, aunque con probable fracaso, del mismo socialismo.

España no ha podido hallar fuera de su cauce tradicional ni aún le efímera estabilidad que, por algún tiempo y de precario, han logrado para sí otros pueblos del continente. Pueden enumerarse las lacras políticas y sociales que padece desde hace más de un siglo nuestra sociedad civil, por contraposición con las características que Mella asignaba a nuestra monarquía tradicional: la pérdida del institucionalismo social ocasionó el individualismo y el problema social, en primer término, y el auge del socialismo, en segundo; la desaparición de la estructura regionalista fue causa de la atonía local, primero, y del separatismo más tarde; la muerte de nuestro autonomismo administrativo, originó la irresponsabilidad y mala administración, que han sido endémicas entre nosotros; la ruptura de nuestra continuidad política y el estado de guerra civil casi permanente.

Remedio necesario para tal situación, es para Mella volver a crear esa cadena de instituciones intermedias, estabilizadas y estructuradoras, que sean a la vez el más serio y permanente apoyo del Estado y su contrapoder limitador. Parece empeño contradictorio el de volver a crear con una acción estatal lo que, por su misma naturaleza, ha de ser independiente del poder político. Y, efectivamente, para hacerlo con propiedad, habría que hablar más bien de crear condiciones debidas para que la sociedad vuelva a realizar sus fines naturales a través de instituciones adecuadas y autónomas, que encuadren y completen a la persona. A este efecto, existen dos clases de sistemas políticos: los que buscan y procuran apoyarse en instituciones de vida enraizada y autónoma, y los que pugnan por desembarazarse de cuanto no responde a su poder e iniciativa inmediata.

"Nosotros -dice Mella- queremos cercar al Estado de corporaciones y de clases organizadas, y vosotros las habéis destruido" Los últimos de estos regímenes son momentáneamente más poderosos; los primeros, en cambio, prolongan su vigencia a través de los siglos y, lo que es más importante, permiten a la sociedad civil vivir su propia vida y espontaneidad.

Para terminar todo este extenso y profundo ideario político, nos ofrece Mella una idea de gran trascendencia práctica: la viabilidad de tal sistema por medio de un previo hecho político: la instauración de la auténtica monarquía, "la primera de las instituciones, que se nutre de la tradición y es el canal por donde corren las demás, que parecen verse en ella coronadas".

Para muchos, el sistema político que Mella sistematizó constituye no más que un ideal irrealizable, de carácter meramente regulativo, propio sólo para inspirar párrafos líricos en el momento de aunar voluntades y remover el patriotismo. Es muy general en las escuelas políticas de hoy el colocar este ideario como lema propio al cuál dicen tender, mientras en la práctica realizan una política concretamente liberal en unos casos -apoyándose en el carácter democrático de las instituciones tradicionales- o totalitario en otros -fundándose en el carácter unitario y personal de nuestra monarquía-.

Frente a estos pseudo-tradicionalismos ve Mella la realizabilidad de tal sistema mediante la acción reordenadora de una institución como la monarquía que, por su misma naturaleza y cuando no se halla mediatizada por otros poderes o intereses, ha de sentarse en el tiempo y no en la momentánea oportunidad. Y, frente a todos los regímenes de tesis o de opinión, ve Mella en tal ideario el verdadero empirismo político y el único régimen eficaz y establemente realizable entre nosotros. 

Vázquez de Mella, Textos de Doctrina Política.